EL PROBLEMA DEL RÍO BOGOTÁ - . LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO

   

EL PROBLEMA DEL RÍO BOGOTÁ
Por: Alfonso Pérez Preciado
4.6. LA RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL PROYECTO
La entidad responsable del problema de la contaminación es la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP. No obstante, la entidad encargada del programa de tratamiento de las aguas residuales urbanas es el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente –Dama-, el cual es, al mismo tiempo, la autoridad ambiental distrital. El manejo de los fondos recaudados de las distintas fuentes se lleva a cabo a través del Fondo Cuenta del Río Bogotá, el cual tiene un Comité Consultivo, conformado por la Secretaría de Hacienda, el Dama, la CAR y la EAAB. El director del Dama es el ordenador del gasto. Este comité tiene, entre sus funciones, la de aprobar las inversiones que se hagan en el proyecto.
Para la construcción, la operación y el mantenimiento de las plantas se adoptó un sistema de concesión, mediante el cual el concesionario diseña, construye, opera y mantiene la planta y el Distrito le cancela una tarifa pactada en el contrato por metro cúbico de agua tratada, previo cumplimiento de requisitos de calidad preestablecidos. El concesionario seleccionado es el Consorcio Degremont-Lyonnaise des Eaux de Francia, que se halla próximo a terminar la primera fase de la planta de El Salitre, como ya se anotó.
Existe una duplicidad en el control de vertimientos industriales, a cargo de la EAAB-ESP, por una parte, y del DAMA, por la otra, aunque las dos entidades han establecido metodologías de monitoreo unificadas.
El esquema institucional adoptado tiene la debilidad de que la responsabilidad del proyecto está en cabeza de la autoridad ambiental distrital, por lo cual ella es juez y parte, al mismo tiempo, sin posibilidad real de exigirse a sí misma. Además, el Dama no tiene experiencia en proyectos de ingeniería ni mucho menos en grandes obras como la presente. Por esta razón, el concesionario no ha tenido contraparte real durante el proceso de construcción de la primera fase de la planta de El Salitre y por ello mismo se han cometido, por parte de la administración, errores monumentales que pueden dar fácilmente al traste con los objetivos del proyecto.
Un ejemplo de ello es la modificación de la cláusula 11 del Contrato No 015 de 1994 entre el Distrito Capital y el Consorcio Degremont-Lyonnaise des Eaux, la cual reza textualmente:
“Cláusula 11. EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO. Independientemente de la calidad del afluente, las calidades de los efluentes según el tipo de tratamiento serán las siguientes: 1)Para el efluente del tratamiento primario las plantas deberán tener una eficiencia o capacidad de remoción de carga orgánica en promedio diario del cuarenta por ciento con una tolerancia del cinco por ciento (40 ± 5%) en términos de DBO5 y de un 60% de la carga de sólidos en suspensión.
2)El tratamiento secundario debe proporcionar un efluente final cuya concentración en promedio diario sea como máximo 20 mg/l de DBO5 y 30 mg/l de sólidos en suspensión”.
Para el cumplimiento de estos requisitos, los pliegos establecieron -claramente- que todos los riesgos del proyecto son asumidos por el concesionario. Además, en la cláusula 12 del contrato de concesión crea un esquema de castigo por pérdida de eficiencia, de modo tal que eficiencias menores al 25% de remoción de DBO5 en el tratamiento primario y efluentes con más de 40 mg/l de DBO5 en el tratamiento secundario no tienen remuneración alguna para el contratista.
A pesar de estos compromisos contractuales, en el acta No 03, suscrita por la administración Bromberg, se pactó lo siguiente:
“8º. Cláusula 12. Contrato de Concesión.
Las partes confirman su entendimiento de que los factores de corrección no serán aplicables durante el período de fuerza mayor o caso fortuito que no permita cumplir lo pactado en esta cláusula en relación con el porcentaje de reducción de DBO5 en el tratamiento primario o con la concentración de DBO5 en el efluente final después del tratamiento secundario  medido en miligramos por litro. En este contexto, se entiende por fuerza mayor o caso fortuito aquellos eventos causados por situaciones que impidan o interfieran el normal funcionamiento del sistema de alcantarillado, como por ejemplo sismos, o aparición de cantidades anormales de sustancias químicas, físicas o biológicas que impidan lograr los porcentajes de remoción o las concentraciones establecidas, mediante la utilización de las facilidades tecnológicas previstas en la planta.”
Esta cláusula, en la práctica, libera al concesionario de cumplir con el esquema de castigo contemplado en el contrato, ya que “la aparición de cantidades anormales de sustancias químicas, físicas o biológicas que impidan lograr los porcentajes de remoción o las concentraciones establecidas” pueden ser tan amplias como lo quiera el concesionario. Lo que se pactó en esta acta cambia totalmente los objetivos del tratamiento previsto en el contrato y elimina las posibilidades de castigo por incumplimiento, por lo cual ella debería ser demandada ante los organismos judiciales y/o de control correspondientes.
4.7. ALGUNOS MITOS INVENTADOS ALREDEDOR DEL PROYECTO
El mito de que el río Bogotá no está aún suficientemente contaminado
Aunque parezca increíble, hay expertos que afirman que el río Bogotá no está aún suficientemente contaminado como para que merezca un programa de tratamiento y que sólo se trata de un problema de malos olores (Revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes No. 7, E. Giraldo, pág. 43-51). Lo expuesto en este capítulo comprueba que el río Bogotá no sólo está altamente contaminado a partir de la desembocadura del río Salitre sino que es el más infecto de Colombia y uno de los más contaminados del mundo. No se entiende cómo estos expertos puedan afirmar que concentraciones medias de 100 y 143 mg/l de DBO5 y contenidos de coliformes totales superiores a 10 millones (NMP/100 ml) entre el Salitre y el embalse del Muña no constituyan una altísima contaminación orgánica y bacteriológica. Al respecto vale la pena recordar que las normas regionales para DBO5 y coliformes totales son de 5 mg/l y 5.000 NMP/100 ml, respectivamente, para uso humano con tratamiento convencional (clase A) (CAR, acuerdo 58/87). Incluso para uso agrícola y pecuario las normas correspondientes son de 30 mg/l y 10.000 NMP/100 ml (clase C).
El mito de que limpiar el río Bogotá no es prioritario
Bajo las condiciones extremas de contaminación comprobadas valdría la pena preguntarse si es o no prioritaria la descontaminación del río. En la revista y en el artículo mencionados se afirma que no lo es e incluso afirman que la ciudad tiene prioridades más importantes en qué invertir el dinero destinado al río Bogotá, como la contaminación del aire. Sin embargo, se olvida que esta última es producida, principalmente, por los vehículos y las industrias, por lo cual su reducción debe hacerse, con prioridad, en la fuente, a cargo de los propietarios, a través de mecanismos tales como la renovación del parque automotor, la instalación de convertidores catalíticos, la reconversión industrial o la instalación de filtros en las chimeneas, para sólo citar algunos mecanismos.
La acción del Estado debe estar orientada, en este caso, a expedir reglamentaciones juiciosas sobre emisiones, a la organización y control del tráfico, al control de emisiones y asistencia técnica y al monitoreo de la calidad del aire ambiente, las cuales no representan costos que excedan la capacidad de una entidad como el Dama. Además, se olvida que las fuentes financieras fijadas por ley para la descontaminación del río (Fondo Nacional de Regalías y tasas retributivas por vertimientos, entre otras) no pueden ser destinadas a otros programas so pena de incidir en el delito de peculado.
También, se afirma que el río Bogotá sólo causa un impacto despreciable en la calidad del agua del río Magdalena. Esto tampoco es cierto, pues las estimaciones indican que en condiciones de caudal medio del río Magdalena y de máxima contaminación del río Bogotá en su desembocadura, la concentración media de DBO5, después de la desembocadura, aumenta un 18%, mientras que en caudales bajos se pueden esperar incrementos de hasta un 121%, es decir, más del doble (Epam Ltda, 1993).
Los datos y consideraciones presentados, así como el valor económico de los daños citados arriba, justifican plenamente la inversión en descontaminación, sobre todo si se tiene en cuenta que en dicho valor sólo están incluidos los daños que se pueden monetizar fácilmente y que hay muchos otros que no se cuantifican por dificultades metodológicas o de información, como se indicó anteriormente. Es la consideración de estos efectos, en análisis de evaluación contingencial, la que ha dado justificación económica a los proyectos de descontaminación en otras ciudades del mundo.
Fuente: EL PROBLEMA DEL RÍO BOGOTÁ

Por: Alfonso Pérez Preciado 
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